13 de agosto de 2017

No hay quien pare a Comitre, el estafador de ancianos

Rara vez un policía muestra, en un atestado, sus impresiones personales sobre un investigado. Con Francisco Comitre ha ocurrido. El abogado, modelo de pasarela y presunto responsable de una de las mayores estafas hipotecarias de España “vive en una continua mentira, urdida por su mente retorcida” cuyo único afán es “acumular patrimonio”. Lo explican los Mossos d’Esquadra al juez que investiga el caso desde hace dos años y al que Comitre, según la policía catalana, no hace demasiado caso: ha desobedecido sus órdenes de no acercarse a las víctimas, ha vendido un Ferrari que estaba embargado y, de paso, sigue ejerciendo de letrado en el turno de oficio.

Comitre fue detenido en julio de 2015 por estafar a ancianos con préstamos hipotecarios y créditos tramposos que le permitían, como colofón, apoderarse de sus viviendas. Decenas de ancianos fueron desahuciados. Los afectados se contaban entonces en medio centenar, pero el desarrollo de la Operación Cocoon —estafa, falsificación, organización criminal y blanqueo— ha sacado a la luz cerca de 150 casos, según fuentes judiciales. Comitre contó con la ayuda de un notario, Enrique Peña (que daba el visto bueno a los contratos) y de un amigo de labia infinita: Artur Segarra, condenado por el asesinato de un empresario español en Bangkok.
Tras pasar unos meses en prisión privisonal, Comitre quedó en libertad e intentó retomar sus negocios. Alertado, en diciembre de 2016 el juez le prohibió acercarse a las víctimas y comunicarse con ellas por cualquier medio. Pero el abogado “ha quebrantado esa medida”, según los Mossos. El episodio más llamativo ocurrió en marzo de 2017. Comitre acudió, presuntamente, a una casa en Viladecans propiedad de Ana Isabel A., una de las afectadas. Allí estaba su sobrina de 15 años, que explicó a la policía cómo un hombre llamó a la puerta “de modo violento, golpeándola e insistiendo con el timbre”.
La adolescente miró por la mirilla y vio a un hombre “corpulento, de unos 40 años, cabello rubio y corto”: El abogado puso la oreja en la puerta. La chica se asustó y observó cómo Comitre —más tarde le reconoció, sin ninguna duda, ante los Mossos— abría una caja del rellano y le quitaba los tornillos. El abogado había dejado la casa sin luz. Después esperó en la calle, otra media hora, “con los brazos cruzados y mirando hacia las ventanas”.
La otra estrategia de Comitre ha sido la de pasar al contraataque y denunciar a sus víctimas. Es el caso de Carmen C., que poseía una vivienda en Vielha. En las conversaciones telefónicas intervenidas por los Mossos, el abogado se había jactado de que esa había sido una de sus mejores operaciones. “Es una triunfada tío, una triunfada”, dijo. Al entrar en prisión, la mujer aprovechó para cambiar la cerradura. El abogado envió a un amigo para reclamar la vivienda y denunció a la mujer. Como los Mossos, los abogados de Carmen C. no ahorran calificativos: creen que Comitre está “burlando la investigación” y que actúa de forma “maquiavélica”. Han pedido que se le inhabilite para ejercer de abogado, ya que está dado de alta en el turno de oficio, según fuentes judiciales.
Los Mossos le atribuyen otras estratagemas para volver al redil. En el informe remitido al juez, y al que ha accedido EL PAÍS, señalan que el abogado cobró cheques por valor de 160.000 euros procedentes de una de las hipotecas constituidas con documentos falsos sobre un piso de Manresa. Comitre intentó ocultarlo. El cheque lo cobró, formalmente, un tal Pedro A., quien en su declaración dijo que le debían ese dinero por un trabajo como albañil y que debía saldar una deuda con el banco, ya que él mismo iba a ser desahuciado.
Pedro A. acabó admitiendo que conocía a Comitre y que éste le permitió instalarse en un piso de Santa Coloma de Gramenet. Resultó, sin embargo y según constató la policía, que allí vive también Comitre. Más aún: el piso es uno de los investigados y su propietaria legítima, Concepción M., una de las víctimas. En abril de 2017, la mujer apareció en la casa e increpó a Comitre. “Mira qué suerte, te he encontrado yo aquí no te voy a dejar pasar. Pon la casa a mi nombre o, si no, no voy a parar hasta meterte en la cárcel”. Esas palabras constan en la denuncia que el abogado presentó contra ella en comisaría. Por coacciones.

VENTA DE UN FERRARI EMBARGADO

A Comitre no lo para nadie, ni el juez. Su exnovia presentó documentación a los Mossos que le involucran en otro intento de engañar al magistrado. En su denuncia, la mujer recordó además que en su relación ha tenido que soportar “degradaciones, insultos y malas maneras”. Los papeles, analizados por la policía, muestran que Comitre vendió por 60.000 euros un Ferrari Spyder “después de haberlo intervenido” el juez.
Su recurso fue, una vez más, la mentira. El abogado “se las habría ingeniado para inventar, manipular y falsificar” documentos que sirvieron para anunciarle al juez que, en realidad, la venta fue anterior al embargo.
Comitre incluso involucró en la operación a un amigo y, tras haber accedido al contenido del sumario, intentó utilizar algunas de las llamadas con esa persona
—en las que hablan del Ferrari— como coartada. En su informe, los Mossos destapan la trampa.
Los abogados de algunas víctimas han solicitado que comparezca ante el juez para que dicte, de nuevo, su ingreso en prisión. Los Mossos ya advirtieron en informes previos de que Comitre estaba volviendo a contactar con sus víctimas para “engañarlas nuevamente”. Su nuevo informe destila indignación por la impunidad con la que actúa. Recuerdan que Comitre obtuvo, “mediante el engaño y la estafa”, multitud de inmuebles “a un precio muy por debajo del del mercado” aprovechando “la precariedad económica” de sus dueños y su “estado de extrema necesidad”.

20 de julio de 2017

Cuidado al abrir los mails: así es la estafa de la multa del radar

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil están alertando a los conductores de la 'estafa de la multa del radar', la última maniobra de los piratas informáticos para acceder a múltiples datos personales a través de un mail que advierte de una supuesta sanción por exceso de velocidad.

El método es senciilo: un usuario se encuentra en su bandeja de entrada del correo electrónico una notificación de multa por sobrepasar la máxima velocidad permitida tras ser detectado por un radar, en la cual se adjunta además una fotografía. Al pinchar en la imagen para ampliarla, se instalará en el dispositivo con el que se haya abierto un malware, un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora, mediante el cual los piratas informáticos tenderán el puente hasta nuestras contraseñas, números de cuentas bancarias, direcciones y cualquier tipo de información privada.
Esta técnica de envío masivo de correos dañinos es conocida como 'phishing' y se utiliza para usurpar la identidad de diferentes entidades de distintos ámbitos, asentándose como un modo de ciberataque muy frecuente en la actualidad. La última en sufrirlo, la DGT.
A fin de no caer en esta treta, se aconseja acceder a través de la sede electrónica de Tráficopara consultar cualquier tipo de sanción. Para ello, necesita estar dado de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV).

Multas y penas de cárcel: los hoteles ven la luz tras la 'estafa de la diarrea' británica

La situación era tan escandalosa que hasta el Gobierno y la Justicia de Reino Unido, tan acostumbrados a pasar por alto los desmadres de sus nacionales en la costa española, han tenido que actuar. La primera ministra, Theresa May, advirtió de "duras sentencias de cárcel", el ministro de Exteriores, Boris Johnson, ironizó con que sus ciudadanos tienen el "aparato digestivo más delicado del mundo" y son la vergüenza del país. Y ya por último, los tribunales británicos han comenzado a dar la razón a los hoteles españoles: estos días se han emitido las primeras condenas a turistas por simular una intoxicación alimentaria durante sus vacaciones, denuncia por la que exigían el reintegro de su dinero más una indemnización que podía alcanzar los 30.000 euros.
Es el principio del fin, según los expertos, de la llamada ‘estafa de la diarrea’, un timo que se ha extendido como una plaga por todos los destinos de playa del mundo, muy especialmente España. El proceder era sencillo y tenía un alto porcentaje de éxito: una familia pasaba una o dos semanas en un hotel todo incluido en Canarias, Baleares o Benidorm. Al terminar sus vacaciones, o incluso hasta tres años después, presentaba una demanda mediante un ‘bufete buitre’ de abogados contra el turoperador porque una presunta intoxicación alimentaria había arruinado sus vacaciones. Lo hacía ante la Justicia británica, que cuenta con una legislación muy garaHasta hace dos veranos, los turoperadores pasaban la factura a los hoteles y estos pagaban para evitar litigios con los gigantes turísticos, ya que dependen en gran medida de ellos para llenar sus hoteles. Por eso y porque se lo solían exigir por contrato (y lo siguen haciendo). Pero en los dos últimos años, el volumen de denuncias era tal que ya era imposible mirar hacia otro lado. El aluvión estaba poniendo en riesgo la misma supervivencia del sector hotelero.
"Estamos un poco más tranquilos, porque esto era una cosa indecente", resopla Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec). "No queremos levantar el pie porque es un problema complejo y las denuncias siguen llegando. Pero estamos contentos de que desde el Reino Unido hayan actuado sobre esto a nivel político y judicial. Por suerte, han estado a la altura".ntista hacia el consumidor, y casi siempre ganaba.

La clave: amenazar al pez grande

Pero, ¿cuál ha sido la clave para poner fin a un problema ante el que, hace apenas dos meses, los hoteles españoles se reconocían indefensos? La respuesta es el cambio de actitud de los turoperadores. Hasta la fecha, los grandes intermediarios turísticos británicos, como Thomas CookThomson o Jet2holidays, se ponían de lado ante las denuncias. La ley británica es clara: el turoperador es el responsable de indemnizar al cliente. Pero este, al ser la causa de la demanda una intoxicación alimentaria, cargaba directamente al hotel la cuantía de la indemnización y no perdía un solo euro por la estafa.
Los hoteles solían aceptar el pago para no enfrentarse al turoperador, del que dependen en gran medida para llenar sus habitaciones. Pero la avalancha de denuncias alcanzó un incremento de hasta un 1.400% anual en Canarias y un 700% en Baleares, según el turoperador TUI. Si no les ayudaban a solucionar el problema, amenazaron los hoteleros, la llegada de británicos a España podía incluso llegar a detenerse. O, por lo menos, habría que aumentar las tarifas para compensar las pérdidas. En Turquía se llegaron a cancelar contratos con turoperadores de Reino Unido. Y la propia Hosbec, en un informe de octubre de 2016, valoró en 60 millones de euros las pérdidas del sector hotelero español por este timo.
Ante este panorama, los turoperadores no tuvieron otra que ejercer su poder de influencia ante su Gobierno y reconocer que, en efecto, existe una estafa y que los responsables de la "epidemia alimentaria" no son los hoteles españoles sino los pícaros turistas británicos.
El primer revés se lo llevó una familia que reclamaba a Thomas Cook una reparación de 10.000 libras (11.318 euros) por una intoxicación (como siempre, vómitos y diarrea) ocurrida en 2013 en el hotel Parque Cristóbal de Gran Canaria. El juez desestimó la demanda y obligó a la familia a pagar a la empresa 3.700 libras (4.180 euros) en concepto de costas por su actitud "deshonesta". El segundo palo, mucho más contundente, se lo ha llevado esta semana una familia que reclamaba 52.000 libras (58.880 euros) por una supuesta intoxicación alimentaria en un hotel todo incluido de Mallorca. El matrimonio y su hija de 30 años han sido procesados en un tribunal de Liverpool, la primera vez en la historia que este tipo de estafas va por vía penal. La familia se expone a entre 18 meses y seis años de prisión si es declarada 
La situación era tan escandalosa que hasta el Gobierno y la Justicia de Reino Unido, tan acostumbrados a pasar por alto los desmadres de sus nacionales en la costa española, han tenido que actuar. La primera ministra, Theresa May, advirtió de "duras sentencias de cárcel", el ministro de Exteriores, Boris Johnson, ironizó con que sus ciudadanos tienen el "aparato digestivo más delicado del mundo" y son la vergüenza del país. Y ya por último, los tribunales británicos han comenzado a dar la razón a los hoteles españoles: estos días se han emitido las primeras condenas a turistas por simular una intoxicación alimentaria durante sus vacaciones, denuncia por la que exigían el reintegro de su dinero más una indemnización que podía alcanzar los 30.000 euros.
Es el principio del fin, según los expertos, de la llamada ‘estafa de la diarrea’, un timo que se ha extendido como una plaga por todos los destinos de playa del mundo, muy especialmente España. El proceder era sencillo y tenía un alto porcentaje de éxito: una familia pasaba una o dos semanas en un hotel todo incluido en Canarias, Baleares o Benidorm. Al terminar sus vacaciones, o incluso hasta tres años después, presentaba una demanda mediante un ‘bufete buitre’ de abogados contra el turoperador porque una presunta intoxicación alimentaria había arruinado sus vacaciones. Lo hacía ante la Justicia británica, que cuenta con una legislación muy garantista hacia el consumidor, y casi siempre ganaba.
Hasta hace dos veranos, los turoperadores pasaban la factura a los hoteles y estos pagaban para evitar litigios con los gigantes turísticos, ya que dependen en gran medida de ellos para llenar sus hoteles. Por eso y porque se lo solían exigir por contrato (y lo siguen haciendo). Pero en los dos últimos años, el volumen de denuncias era tal que ya era imposible mirar hacia otro lado. El aluvión estaba poniendo en riesgo la misma supervivencia del sector hotelero.
"Estamos un poco más tranquilos, porque esto era una cosa indecente", resopla Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec). "No queremos levantar el pie porque es un problema complejo y las denuncias siguen llegando. Pero estamos contentos de que desde el Reino Unido hayan actuado sobre esto a nivel político y judicial. Por suerte, han estado a la altura".
La clave: amenazar al pez grande
Pero, ¿cuál ha sido la clave para poner fin a un problema ante el que, hace apenas dos meses, los hoteles españoles se reconocían indefensos? La respuesta es el cambio de actitud de los turoperadores. Hasta la fecha, los grandes intermediarios turísticos británicos, como Thomas CookThomson o Jet2holidays, se ponían de lado ante las denuncias. La ley británica es clara: el turoperador es el responsable de indemnizar al cliente. Pero este, al ser la causa de la demanda una intoxicación alimentaria, cargaba directamente al hotel la cuantía de la indemnización y no perdía un solo euro por la estafa.
Los hoteles solían aceptar el pago para no enfrentarse al turoperador, del que dependen en gran medida para llenar sus habitaciones. Pero la avalancha de denuncias alcanzó un incremento de hasta un 1.400% anual en Canarias y un 700% en Baleares, según el turoperador TUI. Si no les ayudaban a solucionar el problema, amenazaron los hoteleros, la llegada de británicos a España podía incluso llegar a detenerse. O, por lo menos, habría que aumentar las tarifas para compensar las pérdidas. En Turquía se llegaron a cancelar contratos con turoperadores de Reino Unido. Y la propia Hosbec, en un informe de octubre de 2016, valoró en 60 millones de euros las pérdidas del sector hotelero español por este timo.
Las denuncias por intoxicación en los hoteles se incrementaron un 1.400% en Canarias y un 700% en Baleares en solo un año
Ante este panorama, los turoperadores no tuvieron otra que ejercer su poder de influencia ante su Gobierno y reconocer que, en efecto, existe una estafa y que los responsables de la "epidemia alimentaria" no son los hoteles españoles sino los pícaros turistas británicos.
Imagen de los primeros turistas procesados por lo penal en Reino Unido. (The Sun)
Imagen de los primeros turistas procesados por lo penal en Reino Unido. (The Sun)
El primer revés se lo llevó una familia que reclamaba a Thomas Cook una reparación de 10.000 libras (11.318 euros) por una intoxicación (como siempre, vómitos y diarrea) ocurrida en 2013 en el hotel Parque Cristóbal de Gran Canaria. El juez desestimó la demanda y obligó a la familia a pagar a la empresa 3.700 libras (4.180 euros) en concepto de costas por su actitud "deshonesta". El segundo palo, mucho más contundente, se lo ha llevado esta semana una familia que reclamaba 52.000 libras (58.880 euros) por una supuesta intoxicación alimentaria en un hotel todo incluido de Mallorca. El matrimonio y su hija de 30 años han sido procesados en un tribunal de Liverpool, la primera vez en la historia que este tipo de estafas va por vía penal. La familia se expone a entre 18 meses y seis años de prisión si es declarada culpable.
"En los aviones ya están repartiendo folletos y avisando de que simular una intoxicación es una estafa considerada delito por la Justicia española y que hay penas de cárcel. Los turistas son conscientes de que aquí ya no hay barra libre", indica Mayor. "Y ya se está notando porque hay menos denuncias. Además, los hoteles tienen un registro muy completo de cada habitación, se sabe cuánto alcohol ha bebido cada cliente ese día, se comprueba si un baño tiene restos de vómito. Ese tipo de control es algo que hemos hecho siempre”. Benidorm, por ejemplo, depende en un 50% del turismo británico, cifras similares a las de Canarias, la costa de Andalucía o ciertas zonas de Mallorca.
Otro ejemplo de que la picaresca está remitiendo es la ausencia en los hoteles de recaptadores de bufetes de abogados a la caza de turistas. Son las llamadas ‘claim farms’ (‘granjas de reclamaciones’), firmas de abogados buitre que saltan de sector en sector aprovechando lagunas legales y clientes con pocos escrúpulos. Ya es raro encontrar furgonetas con rótulos gigantes que dicen ‘Reclama hoy’, las mismas que hace unos meses se apostaban en los destinos de playa españoles. O a los jóvenes que, trabajando a comisión, andaban por los vestíbulos y arenales seduciendo a los turistas con vacaciones gratis por el solo hecho de denunciar y presentar como prueba el tique de compra de un antidiarréico.
Eso no significa que los 'bufetes buitre' hayan renunciado a su modelo. Una de las páginas más frecuentadas advierte hoy de "diarrea y vómitos" reportados por turistas en Menorca. La página también alerta sobre las infecciones que se pueden contraer por las "heces de pájaros"en la isla. Siguen prometiendo grandes indemnizaciones si ganan el litigio, haciendo girar una rueda cada vez más desgastada para fortuna del sector turístico español. "Esto se va a terminar el día que Reino Unido cambie la ley y endurezca los requisitos para aceptar una denuncia, homologándose al resto de países de la Unión Europea. Parece que tiene intención de hacerlo. Solo entonces podremos dar por finalizada esta estafa", sentencia Mayor.
A su vez, la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) está investigando en España la posible trama delictiva formada por los recaptadores de clientes, las firmas pirata y los propios turistas que han estado actuando en nuestro territorio en los últimos años, con el objetivo de interponer la primera denuncia a nivel nacional. Firmas como Simpson Millar Bridger & Co of Landovery Carmarthernshireestán en el punto de mira.

13 de julio de 2017

La Guardia Civil advierte contra un timo por WhatsApp en el que es MUY fácil caer

La Guardia Civil ha avisado en Twitter de un estafa que circula con fuerza por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
El mensaje asegura que la marca Nespresso ofrece gratis cafeteras para probarlas.Junto al mensaje aparece un enlace.
La Guardia Civil asegura que el mensaje suplanta la identidad a Nespresso y que lo que ocurre al pinchar al enlace es que el usuario es inscrito a servicios premium de pago. Además, deja su contraseña y datos al descubierto.
En el mensaje se pide al usuario que lo reenvíe a otras 10 personas, por lo que la estafa se está extendiendo con rapidez.
"¿Has recibido el #WhatsApp para probar #Nespresso#NoPiques", escribe la Guardia Civil.

6 de julio de 2017

¿Cómo desenmascarar un chiringuito financiero?

La CNMV elabora un listado de preguntas para proteger al inversor de los chiringuitos financieros. Cada vez más proliferan sociedades de inversión extranjeras sin autorización que solo buscan desplumar a los pequeños ahorradores prometiendo rentabilidades exageradas. El supervisor del mercado aconseja recibir toda la información por escrito. l La lista negra de la CNMV: ¿Qué productos financieros son los más peligrosos para el inversor?
"Advertencia al público de entidades no registradas en supervisores internacionales". Esta es la alerta de casi todas las semanas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que lanza a los inversores sobre los chiringuitos financieros que tiene localizados y que operan en España. Son personas o empresas que ofrecen sus servicios de inversión sin ningún tipo de garantía, ni autorización por parte de las autoridades.
En la mayoría de casos utilizan el gancho de rentabilidades irrechazables a cambio del de capital del inversor incauto, prometiendo grandes oportunidades de inversión en mercados y activos exóticos. Detrás de ellos, se esconde un timo, en el mejor de los casos, o una mayúscula estafa piramidal.
Pueden actuar de muchas maneras para llegar a las potenciales víctimas. Puede ser a través de una llamada telefónica, cartas, correo electrónico o páginas web; pero también la propuesta de inversión puede venir de un conocido o eventos con inversores con folletos de lujo.

Comerciales agresivos

"Los canales que utilizan los chiringuitos financieros para contactar no son distintos de los que puede emplear cualquier entidad legalmente autorizada para difundir sus propuestas comerciales entre clientes o posibles clientes, la diferencia reside en la manera en que utilizan estos canales, el tipo de mensajes que transmiten y la actitud general que muestran para lograr sus objetivos", explican desde la CNMV.
Los expertos del supervisor indican que los operadores telefónicos de los chiringuitos "suelen utilizar una elevada agresividad verbal, recurriendo a técnicas que potencian su habilidad, firmeza y dominio, con el objetivo de lograr la presión psicológica necesaria que lleve a la decisión inmediata sobre la inversión".
Hay tres claves para protegerse y descubrir si la sociedad que propone esa fantástica inversión es un chiringuito financiero: sospechar, tener una actitud activa trasladando todas las dudas que tenga sobre las características del servicio y obtener la información por escrito.
El principal aliado del inversor cuando delante de sus ojos está una oportunidad única es el tiempo, para reflexionar y meditar la inversión antes de comprometer su capital. Esta actitud pondrá nervioso a los operadores de sociedades no autorizadas. Este tiempo se tiene que emplear para encontrar la respuesta a todas las interrogantes que plantee una operación, aconsejan desde la CNMV, que subraya que los chiringuitos presionan a sus víctimas para no dar ocasión de reflexión.
La verdadera herramienta que desmonta la pose de un chiringuito financiero es la pregunta. La CNMV aconseja tener preparada una lista de cuestiones:

¿Cómo han conseguido mi nombre y mi teléfono? ¿Por qué han contactado conmigo?  

¿Su entidad está registrada en la CNMV o Banco de España? ¿Están supervisados por algún organismo público?   

¿Coincide la inversión con mis objetivos y es adecuada para mi perfil de riesgo?

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y tengo limitaciones para acceder a mi capital?

¿Qué comisiones tienen?  ¿Con qué frecuencia recibiré información sobre la inversión?






29 de junio de 2017

Los pasaportes que ha falsificado el Real Madrid

Despues del fraude de 1400 millones de Castor, Florentino se cree impune, para hacer lo que le de la gana, pero la impunidad se va a acabar algun dia, y ese dia, ojalá sea hoy.
Los representantes del Madrid tendrán que declarar ante el juez sobre el caso Slaughter. Al menos ese es el trámite lógico después de que el jugador, investigado por el uso de un pasaporte falso para disputar laCopa del Rey y 13 partidos de la Liga ACB de la temporada 2014-15, señalara al club como suministrador del documento. Marcus Slaughter se desplazó desde Turquía –juega en el Darüssafaka– para testificar voluntariamente el martes, sin asistencia letrada, en el juzgado de instrucción número 27 de Madrid como investigado en un supuesto delito de falsificación documental. La Vanguardia ha tenido acceso a detalles de la declaración que resultan extraordinariamente comprometedoras para la entidad blanca.

El norteamericano utilizó un pasaporte falso de Guinea Ecuatorial para no ocupar plaza de extracomunitario. Guinea Ecuatorial es uno de los 69 países africanos, caribeños y del Pacífico adheridos al pacto de asociación con la Unión Europea conocido como Acuerdo de Cotonou, que permite a los jugadores participar como comunitarios. El mexicano Ayón y el argentino Campazzo ocupaban en las competiciones afectadas los dos puestos de extracomunitarios permitidos.
En sede judicial Slaughter atribuyó la idea y la responsabilidad de los hechos a Julián Aranda, que era su agente. El jugador, dijo, se limitó a entregar fotografías y el pasaporte de EE.UU. y de pagar 35.000 euros. En primera instancia aseguró que el Madrid no estaba al corriente de la tramitación de esa nueva nacionalidad, aunque después, a preguntas del abogado del Estado reconoció que fue “alguien del club” –sin precisar– quien le entregó el pasaporte. Los representantes legales del FC Barcelona, personado en el juicio como parte perjudicada deportivamente, incidieron en este detalle y Slaughter confirmó que el club estaba al corriente.
El jugador admite ante el juez que fue alguien de la entidad quien le entregó el pasaporte falsificado
La Vanguardia accedió a una copia del pasaporte falso de Marcus Slaughter que Julián Aranda denunció como extraviado. Sin embargo, el pívot manifestó ante el juez que el documento está en su posesión, por lo que el Barcelona ha solicitado que sea aportado a la investigación. No existe ninguna duda sobre su falsedad desde que, el 30 de noviembre del 2015, la embajadora de Guinea Ecuatorial en Madrid, Purificación Angué Ondo, remitió una carta al juzgado confirmando que los pasaportes de Slaughter y Andy Panko “no son legales, sino falsificados mediante métodos fraudulentos”. Panko, estadounidense que jugaba en el Fuenlabrada, disponía de una credencial ecuatoguineana con el mismo número (AA001696) que la de Slaughter, circunstancia que destapó el fraude.
Slaughter estuvo cuestionado, pero sus buenas actuaciones en la Euroliga –sin limitaciones por el origen– cambiaron la opinión del club. Una crónica de la época (febrero del 2015) describe el contexto: “Desde hace semanas se viene gestionando un pasaporte cotonou, concretamente de Guinea Ecuatorial, para que Slaughter pueda jugar también en competición doméstica. Un movimiento legal formalmente, pero que, una vez más, deja en evidencia que las normas restrictivas del marco de contratación acaban en papel mojado cuando clubs y agencias de representación se permiten el lujo de adquirir documentos que facilitan sortear las limitaciones establecidas”.
Existían evidencias de un fraude ético (adquisición de documentos previo pago) antes de que se materializara el supuesto ilícito penal (uso de documentación falsa). Pero los estamentos deportivos miraron hacia otro lado. El juez único de la ACB decidió archivar el caso argumentando que estaba judicializado y el Tribunal de Arbitraje Deportivo terminó desestimándolo en septiembre del 2016. Ahora Slaughter ha puesto luz en un asunto turbio y el Barcelona medita instar la declaración de dos cargos de la Federación para ver si estaban al corriente. La detención en diciembre de KC Rivers (ex del Real Madrid) y Mike James (ex del Baskonia) –puestos en libertad tras declarar– acusados de falsificar una nacionalidad de Guinea-Bissau denota la existencia de un fraude habitual.
Si en el caso Slaughter el juzgado encuentra delito, los autores se enfrentan a una pena de hasta dos años por falsedad de documento público. Pero no terminan aquí las consecuencias, porque la alineación indebida de Slaughter implicaría la adulteración de los resultados en las competiciones afectadas –el Barça perdió las finales de Liga y Copa contra el Madrid y el Valencia, por ejemplo, no pudo acceder a la Euroliga– y puede comportar la pérdida de los dos trofeos obtenidos de manera fraudulenta.

Desmantelada una macroestafa millonaria en telefonía que afecta a miles de usuarios

Más de 30 millones de euros defraudados a decenas de miles de usuarios en España (se calcula que más de 50.000). Son los datos de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil que ha acabado en el desmantelamiento de una red de empresas españolas dedicada presuntamente a fraude en telefonía móvil a través de alertas y números premium. Hay al menos seis empresas involucradas, una de ellas Billy Mobile, dos de cuyos fundadores son David Martínez y Jordi Tamargo, impulsores de la web de descargas SeriesYonkis. "Se trata de la operación más importante en años que ha llevado a cabo la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil", señalan a Teknautas fuentes conocedoras de la investigación.

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentará mañana los datos clave de la operación, bautizada como Rikati, que se venía gestando desde hace tres años y hasta en tres juzgados diferentes de Cataluña. El juzgado de instrucción número 5 de Mollet del Vallès, en Barcelona, es el que finalmente se ha hecho cargo del caso.

Varias fuentes conocedoras de la investigación aseguran que es la más "mediática y compleja" (por la cantidad de dinero supuestamente defraudado) que se ha realizado en España en los útlimos años. La magnitud de la estafa ha llevado a la Guardia Civil a habilitar a partir de mañana jueves una página web donde cualquier usuario podrá introducir su número de móvil, comprobar si ha sido objeto de fraude y realizar las reclamaciones pertinentes.

La investigación se inició en 2014 tras las denuncias de varias operadoras. Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada

La investigación se inició a mediados de 2014 tras las denuncias de varias operadoras. Fuentes conocedoras de la misma confirman que Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada. Las defensas de las compañías acusadas intentaron recurrir la presencia de Telefónica en el caso (hasta ahora en secreto de sumario) pero finalmente el juez ha fallado en contra y aceptado la inclusión de la operadora.

Billy Mobile es una de las empresas clave acusadas. Su defensa da una idea de lo que está en juego: la lleva el bufete de Cristóbal Martell, letrado por cuyo despacho han pasado (y pasan) algunos de los casos más importantes de corrupción en España, como el caso Gürtel, Pujol, Nóos, Messi o Neymar.

La Guardia Civil registró la sede de Billy en Barcelona el pasado marzo. Dos de los dueños de la empresa, David Martínez y Jordi Tamargo, fueron los impulsores de la web de descargas SeriesYonkis, que habían adquirido a su fundador y administrador inicial, Alberto García Sola. Martínez y Tamargo anunciaron en el 2012 el abandono del proyecto de Burn Media SL, propietaria de SeriesYonkis y PeliculasYonkis, para crear a finales de 2013 Billy Mobile, dedicada a la "publicidad en el móvil". El caso de SeriesYonkis está también en la actualidad pendiente de juicio en Murcia.
Los cuatro socios fundadores de Billy, de izquierda a derecha: Jordi Cid, David Martínez, Vicens Martí y Jordi Tamargo. Martínez y Tamargo fueron exlíderes de SeriesYonkis
Los cuatro socios fundadores de Billy, de izquierda a derecha: Jordi Cid, David Martínez, Vicens Martí y Jordi Tamargo. Martínez y Tamargo fueron exlíderes de SeriesYonkis
Según la investigación de la UCO, Billy Mobile y el resto de empresas habrían estafado más de 30 millones de euros mediante alertas o suscripciones premium. Consiste en conseguir el número de teléfono de un usuario (a través de webs asociadas, consursos...) para enviarle alertas que le puedan interesar y suscribirle, sin su consetimiento expreso y conocimiento, a un servicio de mensajería que tiene un importante sobrecoste en la factura final mensual.
La práctica no es nueva pero es tremendamente efectiva. "Los dueños de estas compñías suelen tener el mismo patrón de comportamiento, gente relativamente joven que no se oculta, que se creen Google, que son prototipos de emprendedores y no tienen conciencia de hacer nada ilegal sino que van al límite y aprovechan los resquicios de la ley", argumenta Sergio de los Santos, especialista en seguridad de Eleven Paths.
De los Santos, que no ha estado involucrado en la investigación, explica que la actividad de Billy se mueve "en una zona gris" en la que la firma se encarga de redirigir al usuario a páginas con "adware agresivo para el móvil" o "aplicaciones Android con malware" de las que la compañía también se lleva una comisión. Es decir, realiza una actividad de intermediación de tráfico en la que ambas partes, intermediario y web final, se reparten los ingresos generados por la suscripción sin consentimiento a alertas y números premium.

Fraude con SMS de pago

La otra práctica por la que se está investigando a Billy Mobile es la relacionada con los SMS de pago. Como en el caso anterior, son varios los actores que intervienen, todos ellos aprovechando los resquicios legales del sistema. La actividad consiste en alquilar un número de teléfono durante un tiempo determinado, por ejemplo, los teléfonos que se utilizan en televisión para concursos dirigidos al público.
Estos servicios 'premium' suelen ser de contenidos como horoscopos o alertas de deportes. La clave es obtener suscriptores a toda costa, da igual cómo, generalmente a través de un enlace engañoso para descargar una película. En esa página se pide el número de teléfono y en alguna parte, "en letra muy pequeña", se indica que se está dando el consentimiento a una suscripción a un servicio de pago. Conseguido. Un usuario más al que se le va a cobrar cantidades desorbitadas por un servicio que no ha solicitado ni usará.
Billy Mobile y el resto de empresas investigadas, cuyos nombres serán revelados mañana, se enfrentan ahora a uno de los casos de estafa telefónica más graves de los últimos años en nuestro país. Si al final del proceso son declarados culpables, las penas podrían ascender a hasta seis años de cárcel y a cuantiosas multas.

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