9 de septiembre de 2017

El día que me intentaron timar buscando piso con Airbnb e Idealista como cebos

El verano es una época terrible para buscar piso en Madrid. En realidad, cualquier época lo es. La psicosis por encontrar un espacio entre cuatro paredes que sea razonable desde un punto de vista económico, que reúna unas mínimas condiciones y que esté en una zona más o menos céntrica te obliga a vivir enganchado a Idealista y a tener que tomar decisiones en horas y minutos cuando ves un piso que te gusta. Nada que nadie que haya tenido que buscar en estos últimos años desconozca. Por eso, hace unas semanas, me extrañó sobremanera un correo recibido en el que se me ofrecía un piso por el que me había interesado a través de Idealista.
Da la casualidad que hace unas semanas apareció un piso que reunía algunas características que buscaba: por debajo de 700 euros, con terraza (¡un lujo!) y justo fuera de la M-30 aunque cerca de una parada de metro que me dejaría en el centro en unos 20-30 minutos. Nada más verlo, y con la inmobiliaria de turno ya cerrada, decidí escribir a través de Idealista por aquello de intentar que me dieran prioridad para ver el piso en cuanto abrieran al día siguiente. Pasadas unas horas, a la mañana siguiente, llamé a primera hora para asegurar que me daban la primera cita. Y me la dieron.
Por eso la extrañeza al recibir un correo de la supuesta propietaria del piso que, para otorgar más veracidad a su condición, hasta incluyó el nombre de la vivienda en que se encontraba (en los anuncios de Idealista acostumbra a venir la calle, sin más).

Demasiado bonito para ser cierto

El piso no solo lo tenía todo sino que, de repente, el precio había bajado a 600 euros (la inmobiliaria pedía 690) y estaba totalmente reformado y amueblado. Daba igual que las imágenes no tuvieran nada que ver con las del anuncio, y de que no hubiera imágenes de la terraza. Todo parecía demasiado bonito para ser cierto. Y así era.
Virginia, que así se hacía llamar mi interlocutora, me escribió para pedirme referencias sobre los inquilinos. Se las di. Probablemente le hubiesen dado igual ocho que ochenta ya que sin más certeza que cuatro líneas en un correo electrónico (ni nóminas, ni contratos, ni vidas laborales) decidió que yo era el inquilino ideal para su piso. O más bien una víctima propicia para su próxima estafa.
De repente, el precio había bajado a 600 euros y estaba totalmente reformado y amueblado. Todo parecía demasiado bonito para ser cierto
Me comentó Virginia que buscaban “inquilinos responsables” y que ella y su esposo, amantes de “la naturaleza y los animales”, se mudaban a Bilbao para vivir en su granja. “Para nosotros es difícil llegar a Madrid para hacer una visita y pensamos hacerlo a través de la plataformaAirbnb, si estás de acuerdo”. Ahí saltó la primera alarma. La segunda, cuando el enlace que te llega utiliza el logo de la plataforma pero te obliga a hacer un pago fuera de su pasarela de pago.
Anuncio de un bajo en alquiler de Airbnb en la calle Na Jordana 8 de Valencia.
Anuncio de un bajo en alquiler de Airbnb en la calle Na Jordana 8 de Valencia.
“Mientras los usuarios operen a través de Airbnb, no puede haber estafas. Educamos de manera proactiva a los usuarios sobre por qué es importante no realizar pagos fuera de Airbnb”, explica un portavoz de la compañía.
En la práctica se ven afectados prácticamente todos los actores que participan en la ecuación: desde la víctima, la persona que desea alquilar una vivienda, hasta todas las partes implicadas, ya sea Idealista, Airbnb o la inmobiliaria de turno.
“Hace unas semanas tuvimos que llamar a los propietarios de dos pisos que enseñábamos nosotros porque sus propiedades estaban anunciadas por otras personas”, cuenta Raquel, de InmoMadrid. La comercial explica que, una vez hechas las pertinentes llamadas, descubrieron que alguien había anunciado sus pisos por su cuenta para efectuar una estafa. Raquel asegura que la práctica es habitual, “hemos oído hablar de ello y nos ha pasado con propietarios que han tenido ese problema”, recuerda.

Sentido común y escepticismo

Aunque el mercado de alquiler en la capital se mueve de manera constante, el momento es especialmente delicado si tenemos en cuenta el trajín de gente que llega a la capital en septiembre, con el inicio del curso escolar, y busca residencia.
Todas las fuentes consultadas insisten en el mismo punto a la hora de alquilar un piso y evitar posibles fraudes y estafas: no efectuar ninguna operación sin haber visto la vivienda y hacer transacciones económicas siempre dentro de los cauces habituales. En el caso de Airbnb, lo habitual es pagar por alquileres de pocos días o semanas por lo que resulta sospechoso que alguien pretenda alquilar a través de una web que, cada mes, se llevaría una comisión por no hacer nada.
Puedes subir fotos de un piso que no es tuyo sin que te pidan una sola prueba de que eres el dueño. Facilitan fraudes así
Desde Facua también se denuncia que las administraciones no estén poniendo en marcha los mecanismos necesarios para evitar que cualquier persona pueda anunciar un piso sin demostrar que sea suyo. “Hace poco pusimos una denuncia contra Airbnb porque puedes darte de alta como propietario, inventarte un piso, subir fotos de uno que no es tuyo sin que te pidan una sola prueba de que eres el dueño. Facilitan los fraudes de este tipo”, apunta Rubén Sánchez, portavoz de la organización de derechos del consumidor.
Una imagen habitual en septiembre en Madrid o Barcelona. (A. G.)
Una imagen habitual en septiembre en Madrid o Barcelona. (A. G.)
Desde Idealista también recomiendan prudencia y verificar que la web en la que se va a hacer la transacción está al corriente de la misma: “Si te envían un enlace a una web para poder llevar a cabo el pago averigua antes si la web es real. En lugar de seguir su enlace busca a esa empresa y visita directamente su web. Es aconsejable que ante cualquier tipo de duda les preguntes por la operación que te están proponiendo y si ciertamente ellos prestan ese tipo de servicio y les consta que llevarán a cabo la gestión que te propone el supuesto propietario”.
Sánchez, de Facua, apunta algunos consejos sencillos para evitar males mayores. “Se puede pedir una nota simple, que no llega a los diez euros”, asegura. En ese documento, expedido por el Registro de la Propiedad, especifica quién es el propietario, los metros y otros datos de interés. “Una vez verificado que el propietario es quien dice serlo, asegúrate de hacer una transferencia al auténtico titular de la vivienda”, finaliza.

Filiales en Rumanía y fraude a Hacienda: así rompen las 'empresas buzón' el transporte

Cada martes, desde el aeropuerto de Zaragoza sale un avión con destino a Cluj-Napoca, capital de Transilvania. No es que los aragoneses tengan un interés especial por conocer los salvajes escenarios de Drácula. La ruta cubre la demanda de los empresarios del transporte, que cada vez tienen más filiales en esta ciudad de Rumanía. Se trata de las llamadas 'empresas buzón', compañías con sede en un país de Europa del Este pero que en realidad operan en España, lo que les permite reducir drásticamente costes laborales y tributarios. Un ejemplo: en una oficina en Cluj-Napoca hay domiciliadas nueve empresas de transporte con matriz española. Y no es la única. Estas firmas ya copan el 25% del transporte internacional con origen o destino España y acaparan entre un 75% y un 90% del cabotaje (transporte doméstico realizado por un camión extranjero) de nuestro país. Un negocio boyante para los empresarios y ruinoso para la Hacienda española, que ingresa cero euros por estas miles de operaciones.
Las 'empresas buzón' copan el 25% del transporte internacional con origen o destino España y acaparan entre un 75% y un 90% del cabotaje
El negocio de las 'empresas buzón' no es nuevo. Lleva más de un lustro rodando por las carreteras de la Península al amparo de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Lo que sí es nuevo es la negativa de España a sumarse al frente común para detener este fraude. Nueve países de la Unión Europea, con Francia y Alemania a la cabeza, se unieron el 31 de enero en la llamada Alianza por la Carretera para, entre otras medidas, impedir que estas empresas radicadas principalmente en Bulgaria y Rumanía se coman el mercado ofreciendo unos precios de transporte imposibles de igualar. Pero España, sin embargo, considera que esa alianza no es beneficiosa para su economía. Y ahora todas las asociaciones profesionales se echan las manos a la cabeza. Creen que, si no se legisla en consecuencia, en poco tiempo apenas habrá empresas y conductores españoles en las carreteras.
Camioneros de Europa del Este hacen una parada en la carretera en su ruta por Europa. (Reuters)
Camioneros de Europa del Este hacen una parada en la carretera en su ruta por Europa. (Reuters)
"Se está despidiendo a los conductores, cogiendo los camiones y rematriculándolos en Rumanía o Bulgaria. Allí se establece una sede ficticia, que muchas veces es un simple apartamento, y se contrata a un conductor de ese país. Eso permite pagarle el salario mínimo rumano y abonar la Seguridad Social allí. Así, tienes en España a un conductor cuyo salario (y cotización) te sale por 276 euros al mes, ocho veces menos de lo que le pagarías a uno español. Eso es competencia desleal además de esclavitud laboral", explica Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). "No entiendo cómo el Ministerio de Fomento permite que esta situación continue así. Están reventando el mercado. Hemos perdido 30.000 empleos en el sector del transporte desde el inicio de la crisis y lo estamos cambiado por un sistema parasitario que no tributa nada en España", prosigue.

España, oasis para el fraude

El truco no es tan fácil como contratar a un ejército de conductores de Europa del Este y ponerlos a manejar camiones en España. Para impedir que un conductor de un país con menor carga salarial y tributaria se pase meses enteros operando en otro con mayores salarios, Europa emitió una directiva sobre cabotaje. Limitó a tres operaciones en siete días lo que un camión extranjero puede hacer tras dejar su carga. Luego debe volver a su país. Por ejemplo: un conductor que hace la ruta Sofía-Madrid solo puede hacer tres transportes más dentro de España durante una semana antes de regresar a Bulgaria.
La UE solo permite a un camión extranjero tres operaciones de cabotaje en un máximo de siete días. Pero en España se incumple impunemente
El problema, explican fuentes del sector, es que los camiones se limitan a cruzar la frontera con Portugal o Francia para volver a España y hacer tres operaciones más. Y así de continuo. Una acción totalmente ilegal que nadie controla porque la legislación española no lo exige. Solo se le pide a un trabajador deslocalizado comunicar su desplazamiento si su estancia es superior a ocho días, lo que le permite realizar labores de cabotaje (siete días operando dentro de nuestras fronteras) sin ningún control.
Imagen de la campaña de Tradime Aragón contra el 'dumping social'. (Tradime)
Imagen de la campaña de Tradime Aragón contra el 'dumping social'. (Tradime)
"Hay conductores que por cobrar solo cinco euros más que un chófer de Europa del Este se han quedado sin trabajo. No se puede hacer nada, a los cargadores no les importan nada las condiciones sociales, solo quieren el precio más bajo. Rematricular y contratar en Rumanía te da un ahorro de hasta 1.500 euros por trabajador. Al final, muchas pymes se ven obligadas a seguir el juego si no quieren irse a la quiebra. El trámite es fácil, no requiere mucha infraestructura y hay despachos de abogados de allí que se encargan de todo", se lamenta Santiago López-Montenegro, presidente de la asociación Tradime Aragón, una de las más combativas en nuestro país contra el ‘dumping social’.
"Los conductores rumanos o búlgaros no tienen la culpa. Es el empresario español el que hace la trampa. A nuestro lado en los camiones tenemos a señores trabajando por menor sueldo y menor protección social en forma de pensión o sanidad. Esta es la esclavitud moderna a la que nos lleva la famosa competitividad", denuncia López-Montenegro, cuya empresa de 30 empleados y 25 camiones se las ingenia para sobrevivir en este nuevo escenario.
"Los conductores rumanos o búlgaros no tienen la culpa. Es el empresario español el que hace la trampa", subraya la asociación Tradime Aragón
Vía Rumanía es una de las consultoras de referencia para empresarios españoles y asegura que no participa en la trampa de las 'empresas buzón'. "Es muy fácil caer en el populismo en el tema de la deslocalización. Los empresarios no vienen a Rumanía para desmantelar su empresa en España, sino para abrir filiales con las que entrar en otros mercados o, en el caso del transporte, para ampliar su flota y competir en Europa. El empresario busca la ubicación más económica dentro de la legalidad, así han sobrevivido muchos transportistas a la crisis", indica José Miguel Viñals, director general de Vía Rumanía y cónsul honorario de España en Timisoara. "Cosa distinta son las 'empresas buzón', eso es claramente ilegal, aunque nosotros no tenemos constancia de su existencia", indica.
Los empresarios no vienen a Rumanía para desmantelar su empresa en España, sino para ampliar su flota y competir en Europa
En un artículo en defensa de la creación de filiales en Rumanía, Viñals sostiene que sus clientes "no han cerrado la empresa en España para montar una filial a 2.500 Km. Han abierto la filial a 2.500 Km para mantener la central en España, que es muy distinto. Los servicios de facturación, relaciones con clientes, dirección, comunicación, marketing, servicios informáticos, transporte dentro de España… todo sigue en España. Si no se hubiese podido competir a nivel internacional abriendo estas filiales muchas empresas hubiesen cerrado y despedido no solo a todos sus conductores sino a todo su personal".
Las asociaciones profesionales denuncian la total precarización del sector. (EFE)
Las asociaciones profesionales denuncian la total precarización del sector. (EFE)

La polémica Ley Macron

Entre las medidas de la Alianza por la Carretera que España no ha firmado destaca la aplicación de la llamada Ley Macron, que entró en vigor en Francia en julio de 2016. Esta ley obliga a todo trabajador desplazado en Francia a regirse bajo su legislación laboral, lo que implica cobrar el salario mínimo francés todos los días que pase allí. Eso garantiza que no juega con ventaja respecto a los conductores locales. Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, toda Europa occidental aplica desde el 31 de enero esa medida proteccionista (ya denunciada por los países de Europa del Este), y están sancionando duramente a aquellos que la incumplen. Los únicos países occidentales que no la aplican son España y Portugal. "Esto está generando un efecto llamada enorme. Los empresarios saben que España es ahora el único sitio en el que pueden ahorrarse costes salariales y tirar los precios. Es muy peligroso para el futuro del sector", avisa López-Montenegro.
Tradime calcula que por cada camión extranjero que se contrata para ahorrar costes, la economía española deja de ingresar unos 20.000 euros al año
España, pues, se encuentra entre dos aguas, "quedándose con lo peor de las dos situaciones", opina el presidente de Tradime. Por un lado, nuestras empresas de transporte deben acatar la Ley Macron e igualar los salarios francés, alemán u holandés todos los días que los conductores españoles pasen en esos países, además de ponerlos a dormir en un hotel en lugar de en la cabina del camión porque así lo exige la ley, lo que encarace sensiblemente el coste del transporte internacional. Y a nivel interno, el quedarnos fuera de la alianza deja a nuestro país en una situación de total indefensión ante el fraude. En cinco años, se ha multiplicado por 20 el número de operaciones nacionales que se realizan con matrícula de Europa del Este, muchas de ellas manejadas por empresarios españoles. Tradime calcula que por cada camión extranjero que se contrata con el objetivo de ahorrar costes, la economía española deja de ingresar entorno a 20.000 euros al año.
La Alianza por la Carretera une a los nueve principales países de la UE excepto España.
La Alianza por la Carretera une a los nueve principales países de la UE excepto España.

Una alianza "nociva"

Para la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la patronal del sector, entrar en la Alianza por la Carretera habría sido un error: "Estos países lo que persiguen es defender los mercados de Europa central y nórdicos. Debemos considerar que España es un país periférico y nos cuesta mucho posicionar nuestros productos y mercancías en determinados países de la Unión Europea", considera Miguel Valverde, secretario general de CETM. "España ha sido siempre una referencia europea en transporte internacional y esa alianza es muy nociva para el sector. Obligar a dormir en hoteles, igualar el salario, las trabas administrativas, todo está dirigido a proteger sus mercados domésticos frente a los países periféricos. Buscan incrementar el coste del transporte. Hay muchos productos españoles con muy poco margen que, si le aplicas ese incremento, su exportación deja de ser atractiva".
Y destaca: "Nosotros estamos a favor de armonizar las condiciones sociales dentro de la Unión Europea, pero lo que proponen estos países es un esquema comunitario distinto sin libre circulación de personas y mercancías. Por eso el Ministerio de Fomento, con buen criterio, no firmó ese documento ni nosotros lo apoyamos".
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), muy criticada por el sector por su rechazo a adoptar medidas protectoras, argumenta en el mismo sentido que CETM: "Cualquier medida unilateral y proteccionista que, como la Ley Macron y similares, suponga poner trabas atenta directamente contra nuestros intereses en España. El transporte internacional español cuenta por un tercio del total de toneladas/km producidas en nuestro país. En otros países como Francia, Italia o el Reino Unido, el peso del transporte internacional es mucho más bajo y, por lo tanto, no ven perjuicio para sus empresas locales", argumenta Ramón Valdivia, director general de ASTIC. Y denuncia: "La ley Macron francesa es injusta, desproporcionada y además ineficaz. Ya hay un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra ella y contra su homóloga alemana, conocida como MiLog".
Todo el sector coincide en que el auge de las cooperativas de trabajo asociado es igual o más dañino que las 'empresas buzón'
En lo que sí coinciden ambas patronales es en el problema de las 'empresas buzón'. "Se aprovechan de las diferencias sociolaborales de Europa del Este, pero es Bruselas quien debe legislar sobre esto igual que ha legislado sobre el cabotaje. El problema es que es un proceso muy lento", subraya el secretario general de CETM, antes de disparar contra el otro gran tumor del transporte en España: las cooperativas de trabajo asociado, que no es otra cosa que la 'uberización' del transporte de mercancías. "Es lo más usado en este momento", indica Domingo Díaz, gerente de Díaz Noroeste de Transportes. "Se usan como instrumento para fabricar autónomos sin capacitación profesional y precarizar las condiciones laborales. Tras esas cooperativas están los grandes gigantes logísticos que se proveen de mano de obra barata. A estos conductores ya se les conoce como los 'seiscientoseuristas'".
Los camioneros denuncian que las cooperativas de trabajo fomentan la precariedad. (EFE)
Los camioneros denuncian que las cooperativas de trabajo fomentan la precariedad. (EFE)
"Estas cooperativas lo que hacen es blanquear a las 'empresas buzón'. Se traen a un conductor del Europa del Este engañado, le obligan a darse de alta como autónomo, lo meten en la cooperativa y lo explotan. El conductor ni siquiera tiene camión, la cooperativa le factura un vehículo de 'renting' de una empresa que, casualmente, es propiedad del titular de la cooperativa. Si hay algún problema, el conductor carga toda la responsabilidad", resume López-Montenegro. El secretario general de CETM advierte de que "hay hasta presidentes de asociaciones del transporte como titulares de estas cooperativas constituidas en fraude de ley".
"España es un oasis para cometer fraude. No tenemos ninguna ley que nos ampare", se queja José Carlos López, responsable de transporte internacional de Fetransa. "Nuestras empresas están sufriendo mucho desde que se creó la Alianza por la Carretera. Nos comen el mercado nacional porque es el único desregulado, y en el extranjero nos arriesgamos a sanciones muy fuertes y obtenemos menos beneficios. El transporte se ha convertido en un negocio cada vez menos atractivo y menos rentable para las empresas españolas, sobre todo para las pymes", sentencia.

Estafan 3.200 euros a un anciano con el timo del retrovisor en Vic

Los conductores de edad avanzada son el objetivo de los estafadores del timo del retrovisor, que se aprovechan de su vulnerabilidad para engañarles. El último caso tuvo lugar el pasado 31 de agosto en la comarca de Osona. La víctima fue un hombre de 80 años al que le consiguieronsustraer nada menos que 3.200 euros.
Todo aconteció en la localidad de Vic. Esa mañana el anciano circulaba con su vehículo por la Ronda Camprodon cuando oyó un golpe en la carrocería. Haciendo caso omiso a lo sucedido prosiguió su camino hasta que más adelante dos hombres sentados en otro automóvil se detuvieron junto a él y le dijeron que les había roto el retrovisor del coche.
Los hechos sucedieron en la Ronda Camprodon de Vic durante la mañana del pasado 31 de agosto”
Tras estacionar ambos vehículos, procedieron a formalizar el parte del accidente. En este punto, los estafadores se ofrecieron para realizar las gestiones telefónicas pertinentes con la aseguradora de la víctima, quien accedió sin saber que la llamada realizada no era para hablar con su compañía sino para conversar con un compinche.
Según explicó el estafado a los Mossos d’Esquadra, los timadores le engañaron diciéndole que, para agilizar los trámites, su aseguradora le recomendaba adelantar el coste de la reparación y posteriormente se lo abonarían. La cantidad en cuestión ascendía a 3.200 euros, una cifra elevadísima que intentaron justificar explicándole que se trataba de un retrovisor con sistemas electrónicos muy caro.
El hombre octogenario, aturdido por la situación, confió en su palabra y fue a sacar el dinero del banco para entregárselo en manoYa en casa, más relajado, reflexionó sobre lo acontecido y se dio cuenta de que había sido objeto de una estafa, por lo que se dirigió a comisaría para presentar una denuncia.
En la denuncia, la víctima no ha identificado el modelo de automóvil que conducían los estafadores”
En el relato de los hechos, la víctima no especifica el modelo del automóvil en el que viajaban los autores del delito. Tampoco indica que fueran extranjeros, un detalle que sí se ha dado en otros casos similares. Y es quelos Mossos d’Esquadra llevan meses alertando sobre esta estafa, que se ha detectado sobre todo en el Bages y de la que ya hablamos en otro artículo a mediados de junio.
En el vídeo que encontraréis al final de estas líneas, un agente de cuerpo de policía catalán explica el modus opendi de estos timadores. Comorecomendaciónnunca hay que hacer pagos en metálico a personas desconocidas; en caso de accidente, siempre deberemos realizar nosotros mismos los trámites habituales con nuestra compañía aseguradora; si percibimos algún tipo de inseguridad, lo mejor esllamar al teléfono de emergencias 112.

13 de agosto de 2017

No hay quien pare a Comitre, el estafador de ancianos

Rara vez un policía muestra, en un atestado, sus impresiones personales sobre un investigado. Con Francisco Comitre ha ocurrido. El abogado, modelo de pasarela y presunto responsable de una de las mayores estafas hipotecarias de España “vive en una continua mentira, urdida por su mente retorcida” cuyo único afán es “acumular patrimonio”. Lo explican los Mossos d’Esquadra al juez que investiga el caso desde hace dos años y al que Comitre, según la policía catalana, no hace demasiado caso: ha desobedecido sus órdenes de no acercarse a las víctimas, ha vendido un Ferrari que estaba embargado y, de paso, sigue ejerciendo de letrado en el turno de oficio.

Comitre fue detenido en julio de 2015 por estafar a ancianos con préstamos hipotecarios y créditos tramposos que le permitían, como colofón, apoderarse de sus viviendas. Decenas de ancianos fueron desahuciados. Los afectados se contaban entonces en medio centenar, pero el desarrollo de la Operación Cocoon —estafa, falsificación, organización criminal y blanqueo— ha sacado a la luz cerca de 150 casos, según fuentes judiciales. Comitre contó con la ayuda de un notario, Enrique Peña (que daba el visto bueno a los contratos) y de un amigo de labia infinita: Artur Segarra, condenado por el asesinato de un empresario español en Bangkok.
Tras pasar unos meses en prisión privisonal, Comitre quedó en libertad e intentó retomar sus negocios. Alertado, en diciembre de 2016 el juez le prohibió acercarse a las víctimas y comunicarse con ellas por cualquier medio. Pero el abogado “ha quebrantado esa medida”, según los Mossos. El episodio más llamativo ocurrió en marzo de 2017. Comitre acudió, presuntamente, a una casa en Viladecans propiedad de Ana Isabel A., una de las afectadas. Allí estaba su sobrina de 15 años, que explicó a la policía cómo un hombre llamó a la puerta “de modo violento, golpeándola e insistiendo con el timbre”.
La adolescente miró por la mirilla y vio a un hombre “corpulento, de unos 40 años, cabello rubio y corto”: El abogado puso la oreja en la puerta. La chica se asustó y observó cómo Comitre —más tarde le reconoció, sin ninguna duda, ante los Mossos— abría una caja del rellano y le quitaba los tornillos. El abogado había dejado la casa sin luz. Después esperó en la calle, otra media hora, “con los brazos cruzados y mirando hacia las ventanas”.
La otra estrategia de Comitre ha sido la de pasar al contraataque y denunciar a sus víctimas. Es el caso de Carmen C., que poseía una vivienda en Vielha. En las conversaciones telefónicas intervenidas por los Mossos, el abogado se había jactado de que esa había sido una de sus mejores operaciones. “Es una triunfada tío, una triunfada”, dijo. Al entrar en prisión, la mujer aprovechó para cambiar la cerradura. El abogado envió a un amigo para reclamar la vivienda y denunció a la mujer. Como los Mossos, los abogados de Carmen C. no ahorran calificativos: creen que Comitre está “burlando la investigación” y que actúa de forma “maquiavélica”. Han pedido que se le inhabilite para ejercer de abogado, ya que está dado de alta en el turno de oficio, según fuentes judiciales.
Los Mossos le atribuyen otras estratagemas para volver al redil. En el informe remitido al juez, y al que ha accedido EL PAÍS, señalan que el abogado cobró cheques por valor de 160.000 euros procedentes de una de las hipotecas constituidas con documentos falsos sobre un piso de Manresa. Comitre intentó ocultarlo. El cheque lo cobró, formalmente, un tal Pedro A., quien en su declaración dijo que le debían ese dinero por un trabajo como albañil y que debía saldar una deuda con el banco, ya que él mismo iba a ser desahuciado.
Pedro A. acabó admitiendo que conocía a Comitre y que éste le permitió instalarse en un piso de Santa Coloma de Gramenet. Resultó, sin embargo y según constató la policía, que allí vive también Comitre. Más aún: el piso es uno de los investigados y su propietaria legítima, Concepción M., una de las víctimas. En abril de 2017, la mujer apareció en la casa e increpó a Comitre. “Mira qué suerte, te he encontrado yo aquí no te voy a dejar pasar. Pon la casa a mi nombre o, si no, no voy a parar hasta meterte en la cárcel”. Esas palabras constan en la denuncia que el abogado presentó contra ella en comisaría. Por coacciones.

VENTA DE UN FERRARI EMBARGADO

A Comitre no lo para nadie, ni el juez. Su exnovia presentó documentación a los Mossos que le involucran en otro intento de engañar al magistrado. En su denuncia, la mujer recordó además que en su relación ha tenido que soportar “degradaciones, insultos y malas maneras”. Los papeles, analizados por la policía, muestran que Comitre vendió por 60.000 euros un Ferrari Spyder “después de haberlo intervenido” el juez.
Su recurso fue, una vez más, la mentira. El abogado “se las habría ingeniado para inventar, manipular y falsificar” documentos que sirvieron para anunciarle al juez que, en realidad, la venta fue anterior al embargo.
Comitre incluso involucró en la operación a un amigo y, tras haber accedido al contenido del sumario, intentó utilizar algunas de las llamadas con esa persona
—en las que hablan del Ferrari— como coartada. En su informe, los Mossos destapan la trampa.
Los abogados de algunas víctimas han solicitado que comparezca ante el juez para que dicte, de nuevo, su ingreso en prisión. Los Mossos ya advirtieron en informes previos de que Comitre estaba volviendo a contactar con sus víctimas para “engañarlas nuevamente”. Su nuevo informe destila indignación por la impunidad con la que actúa. Recuerdan que Comitre obtuvo, “mediante el engaño y la estafa”, multitud de inmuebles “a un precio muy por debajo del del mercado” aprovechando “la precariedad económica” de sus dueños y su “estado de extrema necesidad”.

20 de julio de 2017

Cuidado al abrir los mails: así es la estafa de la multa del radar

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil están alertando a los conductores de la 'estafa de la multa del radar', la última maniobra de los piratas informáticos para acceder a múltiples datos personales a través de un mail que advierte de una supuesta sanción por exceso de velocidad.

El método es senciilo: un usuario se encuentra en su bandeja de entrada del correo electrónico una notificación de multa por sobrepasar la máxima velocidad permitida tras ser detectado por un radar, en la cual se adjunta además una fotografía. Al pinchar en la imagen para ampliarla, se instalará en el dispositivo con el que se haya abierto un malware, un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora, mediante el cual los piratas informáticos tenderán el puente hasta nuestras contraseñas, números de cuentas bancarias, direcciones y cualquier tipo de información privada.
Esta técnica de envío masivo de correos dañinos es conocida como 'phishing' y se utiliza para usurpar la identidad de diferentes entidades de distintos ámbitos, asentándose como un modo de ciberataque muy frecuente en la actualidad. La última en sufrirlo, la DGT.
A fin de no caer en esta treta, se aconseja acceder a través de la sede electrónica de Tráficopara consultar cualquier tipo de sanción. Para ello, necesita estar dado de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV).

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